En febrero de 2026, se presentó una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) que introduce cambios importantes en la forma en que las instituciones públicas manejan documentos provenientes del extranjero.

Esta actualización busca simplificar los trámites y hacerlos más ágiles, facilitando especialmente la gestión para empresas y actores con operaciones internacionales.

¿Qué cambia en la práctica?

El principal cambio es la incorporación de un nuevo artículo 4-A, que establece que ya no será necesario legalizar ni apostillar ciertos documentos públicos extranjeros cuando estos se utilicen en trámites vinculados a operaciones comerciales o aduaneras, como registros de productos.

Además, cuando sea posible verificar la autenticidad de un documento por medios electrónicos o sistemas institucionales, tampoco se requerirá copias certificadas o autenticadas.

¿Por qué es relevante para tu empresa?

Este cambio tiene un impacto directo en la operación diaria de muchas empresas, ya que permite: agilizar procesos ante entidades públicas; reducir costos asociados a apostillas y certificaciones; simplificar la preparación de documentación para trámites; y acelerar procesos de importación, registros y autorizaciones.

En otras palabras, menos tiempo en trámites y más enfoque en la operación del negocio.

¿Qué sectores se ven directamente impactados?

La reforma tiene un impacto inmediato en actividades como las operaciones de importación y exportación (aduanas), los procesos de compras públicas y contratación estatal, así como en la inversión extranjera y el establecimiento de nuevas operaciones en el país.

¿Cómo puede ayudarte Torres Legal?

En Torres Legal, acompañamos a nuestros clientes en la adaptación a estos cambios, asegurando que puedan aprovechar al máximo las facilidades introducidas por la reforma, sin riesgos en el cumplimiento normativo.