La Asamblea Legislativa dio luz verde a las reformas de la Ley Crecer Juntos, marcando un cambio en las modalidades de atención a la primera infancia y redefiniendo los plazos para su implementación.

La reforma aprobada permite a los patronos públicos y privados elegir entre cubrir el costo de la atención de los hijos en edad temprana de sus empleados o instalar Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) obligatorios.

Raquel Santos, nuestra socia y encargada del Departamento Laboral y Migratorio, explica que “esta nueva modalidad, incorporada en el artículo 137 de la ley, brinda una oportunidad valiosa a los padres y empleados. Les ofrece la posibilidad de recibir un beneficio económico equivalente al costo promedio de los servicios de un CAPI seleccionado según sus preferencias educativas y valores. Es un paso significativo para otorgar mayor flexibilidad a las familias en la elección de cómo desean que sus hijos reciban atención integral durante esta etapa fundamental”.

La modificación también extiende los plazos para que entidades estatales, municipales y empresas privadas cumplan con la obligación de proveer atención integral a la primera infancia a través de los CAPI. Según las modificaciones al artículo 300, estos plazos se prolongan de 18 a 24 meses, dependiendo de la entidad correspondiente. Asimismo, se concede un lapso adicional de 12 meses a las guarderías existentes para tramitar su autorización.

“Los plazos extendidos ofrecen un margen más realista para que las entidades cumplan con esta crucial obligación”, mencionó Raquel Santos. “Es una oportunidad para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y garantizar que cada niño tenga acceso a una atención de calidad durante esta etapa crucial de su desarrollo”.

Bajo esta reforma, los CAPI existentes tienen hasta el 23 de febrero de 2024 para obtener su autorización; el Estado y las entidades autónomas tienen plazo hasta el 23 de agosto de 2024 para proporcionar atención a los hijos de sus trabajadores; mientras que el sector privado y las municipalidades tienen como límite el 23 de febrero de 2025 para cumplir con esta disposición.