En los últimos años, El Salvador ha dado pasos firmes hacia la modernización del Estado. La
digitalización de servicios públicos, la adopción de nuevas tecnologías y la promoción de
procesos más ágiles han sido señales claras de un rumbo alineado con las tendencias
globales. Sin embargo, este proceso de transformación plantea también desafíos importantes
que deben ser atendidos con responsabilidad y sensibilidad: uno de ellos es la brecha digital.

¿Qué implica modernizar con inclusión?
La brecha digital no se limita al acceso a dispositivos o conectividad. Abarca también el nivel
de competencias digitales, la comprensión de los procesos en línea y la capacidad de
interactuar eficazmente con plataformas digitales. En un país como El Salvador, con diversidad
territorial, socioeconómica y generacional, esta realidad debe formar parte del análisis cuando
se diseñan y ejecutan políticas públicas tecnológicas.

Modernizar implica más que cambiar la ventanilla física por una digital. Implica asegurar que
todos los sectores -desde sectores empresariales hasta consumidores locales- puedan
entender, usar y beneficiarse de las herramientas digitales que el Estado pone a su disposición.

Un ejemplo actual es la implementación de nuevas herramientas electrónicas en el ejercicio
notarial, derivado de las reformas a la Ley de Notariado. Esta modernización era necesaria y
responde a estándares internacionales, pero ha generado preocupación entre profesionales
con décadas de experiencia que ahora enfrentan el reto de adaptarse a plataformas
electrónicas que nunca utilizaron.

Este tipo de situaciones no evidencian un error del sistema, sino la necesidad de acompañar
los procesos de transformación con medidas de apoyo, pedagogía institucional, capacitación
y asistencia técnica personalizada.

Otro caso similar ocurre en zonas rurales donde se han implementado sistemas en línea para
trámites agropecuarios, sin considerar que muchos productores no tienen cobertura de
internet o habilidades digitales suficientes. Estas realidades deben tomarse en cuenta para
que las políticas públicas no solo sean modernas, sino también justas y accesibles.

Un ejemplo útil para explicar esto es el fútbol. Cuando la IFAB modifica una regla de juego por
ejemplo, sobre el fuera de lugar o las manos dentro del área-, no basta con emitir un
comunicado. Se necesita un proceso de divulgación, capacitación a árbitros, entrenamiento a
los jugadores y, muchas veces, una reeducación de los aficionados.

En otras palabras, los cambios deben ser comprendidos por todos los actores del juego para
que funcionen bien en la práctica. Lo mismo aplica a la administración pública: si
modernizamos sin explicar, sin formar, sin acompañar, el sistema no solo se vuelve
incomprensible, sino que también puede generar resistencia o frustración.

En Torres Legal hemos comprobado que la mejor forma de implementar cambios sostenibles
en el Estado es hacerlo bajo un enfoque de diseño centrado en el ciudadano. Esto significa
adaptar los procesos a la realidad de los usuarios, con sistemas accesibles, lenguaje claro,
compatibilidad multiplataforma y soporte adecuado.

Como asesores legales en diversas áreas del sector público, reconocemos que la
modernización no debe verse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio
del bienestar colectivo. Y para que esa herramienta funcione, debe ser comprendida y utilizada
por todos.

Algunas acciones que consideramos clave para cerrar la brecha digital durante procesos de
modernización estatal son:

1. Capacitación constante a servidores públicos, profesionales regulados y usuarios en
general.

2. Diseño de plataformas intuitivas y multilingües, con accesibilidad para personas con
discapacidad.

3. Establecimiento de puntos de atención híbrida (presencial-digital) en zonas rurales o
con menor conectividad.

4. Acompañamiento normativo que asegure una transición clara entre lo tradicional y lo
digital, especialmente en sectores jurídicos y técnicos.

El Salvador tiene ante sí una gran oportunidad: consolidar un Estado moderno, eficiente y
accesible. La transformación digital es una ruta inevitable, pero debe estar acompañada de
criterios de inclusión, equidad y empatía institucional.

En Torres Legal hacemos simple lo complejo. Acompañamos a nuestros clientes -públicos y
privados- en ese camino de transformación, asegurando que la tecnología sea una aliada del
desarrollo y no una nueva forma de exclusión.

Porque un país que apuesta por la innovación también debe apostar por la inclusión digital
como base de una ciudadanía plena y participativa.