La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que consolida la supervisión de los registros sanitarios de medicamentos, cosméticos, productos químicos, alimentos, bebidas, alcohol, tabaco, dispositivos de nicotina y los insumos agropecuarios que se comercializan o importan en el país.

De acuerdo a nuestra abogada, Fátima Espinal, el registro sanitario estaba a cargo de varias instituciones: la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), el Consejo Superior de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud, que deberán transferir bienes a la Superintendencia.

“Esta ley se aplicará a todas las instituciones del Estado, incluyendo las autónomas o descentralizadas, y a las personas o empresas que se dediquen a las actividades que regula la ley”, asegura Fátima.

Entre las atribuciones de la Superintendencia están:

• Regular la calidad, eficacia, seguridad y propiciar el mejor precio en el mercado de los productos.
• Otorgar los registros sanitarios, el reconocimiento del registro y autorizar la comercialización de los productos.
• Autorizar permisos sanitarios de importación y exportación.
• Vigilar los estupefacientes, psicotrópicos, agregados o precursores químicos.
• Inscribir productos químicos y autorizar proyectos de investigación
• Llevar un registro de profesionales y apoderados, gerentes o directores responsables y dependientes.
• Publicar una lista de especialidades farmacéuticas que contengan estupefacientes, psicotrópicos o agregados.
• Publicar una lista de medicamentos de libre venta.

Sobre su organización y administración, la Superintendencia tendrá un consejo y se crearán “cuatro nuevas intendencias dedicadas a controlar la comercialización de farmacéuticos, químicos, alimentos, bebidas, insumos del agro, y productos psicotrópicos”, explica nuestra abogada.

Además, la legislación contempla la transferencia de activos, que incluye tanto bienes muebles como inmuebles, procedentes de entidades como la DNM el Consejo Superior de Salud Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacia la Superintendencia, con el propósito de garantizar una transición eficaz. Asimismo, se abordan cuestiones relacionadas con la disolución de personal y la terminación de contratos con proveedores de las instituciones afectadas.

“Esta ley revocaría ciertos elementos de la Ley de Medicamentos relacionados con la creación, facultades y estructura de la DNM. La Superintendencia asumiría las responsabilidades previamente desempeñadas por la DNM y otras entidades competentes en el ámbito de la regulación sanitaria”, afirma Espinal.

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