La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías que eximirá del Impuesto sobre la Renta los impuestos municipales y los aranceles a todas las nuevas inversiones tecnológicas destinadas a la creación de software, análisis de sistemas informáticos, Inteligencia Artificial, análisis masivo de datos, servicios de computación y fábrica de piezas de drones, entre otros.

Este beneficio fiscal sería aplicado durante un período de 15 años solamente a las nuevas inversiones, excluyendo las inversiones realizadas antes de la entrada en vigor de la ley, así como aquellas relacionadas con operaciones ya establecidas o que se hayan derivado de fusiones o reestructuraciones.

“Esta normativa tiene como objetivo colocar a El Salvador como un Hub de la innovación de la región, a través de la creación de incentivos fiscales a nuevos proyectos o emprendimientos tecnológicos”, afirma nuestro socio director, Hector Torres.

Nuestro experto en FinTech y Nuevas Tecnologías asegura que, para obtener el beneficio fiscal, los beneficiarios requerirán un Acuerdo de Calificación emitido por el Ministerio de Economía (MINEC), mientras que la vigilancia y control efectivo del régimen aduanero y fiscal corresponderá al Ministerio de Hacienda.

“Las empresas que se beneficien de la ley deberán llevar registros contables separados para demostrar el monto de las rentas que están sujetas a dichos incentivos. Esto permitirá una mayor transparencia y control de los beneficios fiscales otorgados, así como una adecuada fiscalización por parte de las autoridades pertinentes”, postula Torres.

De acuerdo con Torres, la exención fiscal también beneficiará a las plantas de manufactura de equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados.

“No obstante, las personas o empresas beneficiadas por otros regímenes tributarios especiales, como zonas francas industriales y de comercialización, y parques o centros de servicios internacionales, no podrán aplicar a este incentivo”, indica nuestro abogado.

Además, la ingeniería para componer tecnologías industriales en cadenas productivas globales también podrá estar exenta, siempre y cuando sea autorizada por el MINEC.

“La ley establece que los incentivos fiscales podrán ser modificados en caso de que no se logren los objetivos esperados. Para ello, el Ministerio de Economía evaluará su efectividad en un plazo de 3 años, publicando una guía con indicadores de cumplimiento esperado en los primeros 6 meses”, explica nuestro socio director.

Después de los primeros 3 años, Torres menciona que el MINEC elaborará y publicará una “evaluación de desempeño” de los objetivos esperados según la guía: “Si esta evaluación resulta desfavorable, el MINEC puede proponer reformas”.

Nuestro especialista también resalta que los incentivos fiscales establecidos podrán ser “modificados, reducidos o reemplazados” en función de la evaluación realizada por el MINEC. Sin embargo, los Acuerdos de Calificación y otros derechos adquiridos por la ley no serán modificados en ningún caso.

Para llevar un control de las empresas, se creará un Registro Nacional de Empresas de Industrias de Innovación y Manufactura Tecnológicas para mantener un control adecuado de las empresas beneficiadas.

Según Torres, también se permitirá acuerdos bilaterales con otros países y empresas multinacionales para “realizar inversiones conjuntas en investigación y desarrollo industrial” en innovación y manufactura de tecnología, lo que permitirá una mayor colaboración y crecimiento en el sector.

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