En la legislación de El Salvador, la conducción imprudente es un delito importante de tráfico de movimiento que, generalmente, consiste en conducir un vehículo transgrediendo las normas de seguridad vial, poniendo en peligro a otros conductores o transeúntes.

Este tema fue el punto de conversación del uno de los episodios de “Los 5 minutos legales” de Radio Femenina, teniendo a nuestro socio, Rubén Rivas, como invitado.

Nuestro experto explicó en el programa que la conducción peligrosa de acuerdo al Código Penal de El Salvador “es un delito que se considera de tipo abstracto porque la persona que incurre en este delito se presume que pone en peligro la vida o integridad física de las personas”.

Rivas afirmó que la ley regula cuatro escenarios: Transgredir las normas de seguridad vial; el manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas que limiten la capacidad de conducir; disputar la vía entre vehículos; y realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso de la autoridad competente.

Nuestro encargado del Departamento de Litigios y Arbitraje también trajo a la conversación el tema de la prueba de concentración de alcohol que se utiliza comúnmente para saber si una persona ha estado bebiendo recientemente. “Este tipo de pruebas no es obligatorio que las personas se sometan. Las personas tienen la facultad de decirle a la autoridad que no se va a realizar el test de alcohol; sin embargo, trae consecuencias”, apuntó.

De igual forma, Rubén explicó que este delito puede ser sancionado con prisión de 2 a 3 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de un vehículo del transporte público o de carga.

En caso de cometer dicho delito, nuestro abogado afirma que una estrategia importante que se puede realizar es la búsqueda de salidas alternas. En este sentido, se trata de la suspensión del procedimiento penal que consiste en solicitar al juez beneficios como la imposición de medidas tales como: abstenerse del consumo de bebidas o estupefacientes y presentarse a problemas de rehabilitación.

“El juez puede considerar poner la suspensión condicional del procedimiento en un plazo no menor de un año ni mayor a cuatro. Si la persona cumple las medidas impuestas. Transcurrido el tiempo, el resultado es un sobreseimiento definitivo” planteó nuestro abogado.

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