El reciente ajuste al salario mínimo en El Salvador, si bien es cierto representa un reto importante para las empresas, especialmente en términos de costos y planificación operativa, también ofrece una valiosa oportunidad para fortalecer su gestión laboral. Más allá del cumplimiento obligatorio, este cambio permite revisar estructuras internas, actualizar contratos, y consolidar una cultura empresarial basada en la legalidad, el respeto a los derechos laborales y la sostenibilidad organizacional.

El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Trabajo y Previsión Social, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 publicado el 23 de mayo de 2025 en el Diario Oficial, fijó nuevas tarifas mínimas que entrarán en vigencia a partir del 1 de junio de 2025. Este reajuste aplica a todos los sectores productivos del país.

Según el decreto, los nuevos salarios mínimos mensuales serán:

• Sector agrícola: $305.23
• Sector industria: $408.80
• Sector Comercio y Servicios: $408.80
• Maquila textil y confección:  $402.26

Para las empresas, esto implica una revisión inmediata de estructuras salariales, contratos laborales y sistemas de cálculo de planillas. No se trata solo de evitar sanciones administrativas o laborales, sino de garantizar una adecuada gestión del talento humano bajo estándares legales actualizados.

También es importante considerar el impacto financiero en presupuestos operativos, especialmente en sectores donde la mano de obra representa un alto porcentaje de los costos. Una planificación oportuna permitirá implementar ajustes sin comprometer la sostenibilidad del negocio ni la relación con los trabajadores.

Las empresas que cumplen con la normativa laboral no solo evitan contingencias, sino que construyen reputación, confianza y estabilidad en sus relaciones laborales. Este aumento al salario mínimo debe verse como una actualización necesaria dentro de un entorno económico en transformación, donde el respeto a los derechos laborales va de la mano con una gestión empresarial eficiente.

De conformidad con la normativa laboral aplicable, el incumplimiento por parte del empleador de la obligación de pagar los salarios en el tiempo y forma establecidos puede acarrear sanciones económicas, las cuales pueden variar en función del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados. Dichas sanciones están reguladas en el artículo 627 del Código de Trabajo.

Por ejemplo, para el caso específico de una empresa mediana que ocupe más de 50 y hasta 100 trabajadores, la infracción por el impago o retraso en el pago del salario puede ser sancionada con una multa de hasta 8 salarios mínimos vigentes por cada prestación vulnerada. Esto será cuantificado teniendo en cuenta la capacidad económica del empleador o el tamaño de la empresa, la gravedad de la infracción, la intencionalidad y el daño causado.

Es importante destacar que, si el salario se paga en dos o más fracciones mensuales (por ejemplo, mediante pagos quincenales o parciales), y en cada uno de ellos se incurre en una infracción (retraso, monto inferior, etc.), se considerará que se han cometido vulneraciones independientes, lo que dará lugar a la imposición de sanciones múltiples. Es decir, en el supuesto de que un trabajador reciba su salario mensual dividido en dos pagos y ambos sufran retraso o incumplimiento, la autoridad laboral podría imponer dos multas separadas, una por cada incumplimiento, aun cuando correspondan al mismo mes.

Podemos concluir entonces, que, frente al nuevo panorama salarial, las empresas salvadoreñas están llamadas no solo a cumplir, sino a adaptarse con visión estratégica. La implementación del aumento al salario mínimo debe ser vista como una oportunidad para revisar prácticas internas, fortalecer el cumplimiento normativo y afianzar una cultura laboral que priorice tanto la sostenibilidad empresarial como la dignidad de las personas trabajadoras. En un entorno cada vez más regulado y vigilado, anticiparse y actuar con responsabilidad no solo evitará sanciones, sino que contribuirá a consolidar organizaciones más sólidas, competitivas y socialmente responsables.