Los miembros de la Asamblea Legislativa aprobaron la nueva Ley de Compras Públicas propuesta por el Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda de El Salvador.

La nueva normativa viene a sustituir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que, desde mayo del 2000, ha venido regulando la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de obras, bienes y servicios que el Estado deba celebrar.

La Ley de Compras Públicas reestructurará y establecerá nuevas disposiciones al régimen de la contratación administrativa, así como implementar el uso de la tecnología para “viabilizar” la gestión operativa de las compras gubernamentales.

La ley será aplicada a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros, que oferten o contraten con la Administración Pública, participando de forma individual o conjunta en los procesos de contratación que lleven a cabo las instituciones.

Mientras que los excluidos serán los fondos de otros estados, servicios bancarios, concesión de derechos de imagen, servicios de energía y agua potable, inmuebles, seguros paramétricos, membresías y proyectos estratégicos de utilidad pública.

Uno de los puntos destacados es la implementación de un Registro único de Proveedores del Estado (RUPES), donde se inscribirán las personas que desean participar en todos los procesos de compras, excepto de compras por emergencias, urgencia o baja cuantía.

Las instituciones que establezcan el futuro reglamento de la ley deberán obtener una certificación y acreditación de la norma anti sobornos bajo parámetros internacionales de gestión de calidad. Mientras que el resto de las entidades tienen que contar con un Oficial de Cumplimiento.

Además, la ley crea el Sistema Nacional de Compras Públicas que comprenderá los elementos esenciales para la administración, implementación, funcionamiento, coordinación y seguimiento de las compras públicas.

Dicho sistema estará integrado por la nueva Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), que será el ente rector de la contratación pública a nivel nacional, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, su futuro reglamento y normativa.

La LACAP ordenaba la instalación de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que será sustituida por la Unidad de Compras Públicas (UCP), que será responsable de la gestión de los procesos de contratación en cada entidad estatal. La UCP también formará parte del Sistema Nacional.

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